- La plataforma ciudadana exige a la Comisión Europea que desista de cualquier intento de aplicar el Acuerdo UE-Mercosur sin la aprobación previa del Parlamento Europeo y sin el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- “Esta imposición del tratado por parte de Bruselas supondría una alteración sustancial del equilibrio entre instituciones y un menoscabo de los principios democráticos que rigen la Unión”, argumenta Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
- La plataforma ciudadana denuncia que el Acuerdo, en los términos actuales, genera una profunda asimetría entre los estándares exigidos a los productores europeos y a los países firmantes del Mercosur.
- SOS Rural reclama que se abra un proceso de revisión profunda del acuerdo que incorpore cláusulas espejo reales, mecanismos de control eficaces y garantías plenas de reciprocidad.
Madrid, 11 de febrero de 2025. La plataforma ciudadana SOS Rural ha registrado cerca de 17.000 firmas ante la Comisión Europea (CE) para exigir la viabilidad del sector primario europeo ante el Acuerdo Comercial UE-Mercosur y en defensa de la integridad democrática de la Unión Europea (UE). “Queremos trasladar nuestra profunda preocupación ante las informaciones que apuntan a que la CE pretende proceder a la aplicación provisional del citado acuerdo por la puerta de atrás, mediante el artículo 218(5) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, lamenta Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, a través de una comunicación enviada a los responsables de la CE. Con este modo de proceder, la CE eludiría el voto del Parlamento Europeo (PE), que solicitó la opinión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados de la UE, lo que supondría no esperar al dictamen del alto tribunal europeo.
Para SOS Rural, este procedimiento de urgencia supone un precedente de extrema gravedad institucional, ya que impide la participación plena de la representación parlamentaria y el pronunciamiento judicial correspondiente. “Esta imposición del tratado por parte de Bruselas supondría una alteración sustancial del equilibrio entre instituciones y un menoscabo de los principios democráticos que rigen la Unión”, argumenta Corbalán, quien recuerda que la UE se ha construido sobre el respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la legitimidad que emana de sus ciudadanos. En este sentido, Corbalán reclama que cualquier decisión que afecte de forma estructural a millones de agricultores, ganaderos y consumidores europeos debe contar con el más alto nivel de garantías jurídicas y democráticas.
Competencia leal
Asimismo, SOS Rural ha transmitido a la CE su inquietud ante los anuncios de un eventual paquete de compensación económica destinado al sector primario como contrapartida a la aplicación inmediata del acuerdo con Mercosur. “El sector agrario europeo no reclama ayudas coyunturales, sino condiciones de competencia leales que aseguren su sostenibilidad económica, social y medioambiental”, resalta la portavoz nacional de SOS Rural.
De este modo, el Acuerdo UE-Mercosur, en los términos actualmente planteados, genera una profunda asimetría entre los estándares exigidos a los productores europeos y los aplicados en los países firmantes del Mercosur — Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, en materias como la seguridad alimentaria; la trazabilidad de productos; el uso de sustancias prohibidas en la UE; los requisitos medioambientales y sanitarios y el control efectivo en origen y en frontera. “La falta de reciprocidad normativa pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones agrarias europeas, la confianza de los consumidores y los objetivos estratégicos de la Unión en materia de sostenibilidad y seguridad alimentaria”, destaca Corbalán.
Diálogo transparente
“La defensa del campo europeo no es una cuestión sectorial: es un asunto estratégico para la cohesión social, la seguridad alimentaria, el equilibrio territorial y la credibilidad democrática de la UE”, expresa Corbalán. En este contexto, SOS Rural, en nombre de los ciudadanos europeos que han apoyado esta iniciativa, solicita a la CE que desista de cualquier intento de aplicar provisionalmente el Acuerdo UE-Mercosur sin la aprobación previa del PE y sin el pronunciamiento del TJUE.
Además, la plataforma ciudadana reclama que se respete el procedimiento democrático y legislativo establecido en los Tratados de la Unión y que se abra un proceso de revisión profunda del acuerdo que incorpore cláusulas espejo reales, mecanismos de control eficaces y garantías plenas de reciprocidad normativa. “Es imperativo establecer un diálogo transparente y permanente con las organizaciones representativas del sector agrario europeo antes de adoptar cualquier decisión definitiva”, exige Corbalán, quien ha mostrado su confianza en que la CE “actúe con responsabilidad histórica y esté a la altura de los valores fundacionales que representa”.
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