- El Tribunal de Instancia nº 2 de Andújar (Jaén) corrobora —en un auto del 26 de enero de 2026— que los proyectos fotovoltaicos promovidos en Lopera, Marmolejo y Arjona adolecen de anomalías calcadas a las que llevaron al TSJA a declarar, en julio de 2025, la anulación de una planta similar en Bujalance y Montoro (Córdoba) por fraude de ley.
- La jueza de Andújar detecta una fragmentación artificial de un gran proyecto energético en varios con el objeto de relajar la vigilancia ambiental y evitar la competencia estatal.
- “Autorizar los parques solares y su línea de alta tensión, aun siendo conocedores de que están bajo un fraude de ley, es consolidar un acto ilegal que puede suponer nuevas responsabilidades penales y patrimoniales para los cargos públicos y generar un impacto económico devastador para las arcas de los ayuntamientos implicados”, explica Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
Jaén, 19 de febrero de 2026. La jueza del Tribunal de Instancia nº 2 de Andújar (Jaén) ha confirmado —en un auto dictado el 26 de enero de 2026— que los proyectos fotovoltaicos promovidos en las localidades jienenses de Lopera, Marmolejo y Arjona, que implican la tala de miles de olivos centenarios, presentan irregularidades “idénticas” a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a declarar, en julio de 2025, la anulación de una megaplanta similar en Bujalance y Montoro (Córdoba) por “fraude de ley” ambiental.
De este modo, la jueza de Andújar detecta también una “fragmentación” artificial de un gran proyecto energético en varios —todos con una potencia instalada de menos de 50 MW—, con el objeto de relajar la vigilancia ambiental y evitar la competencia estatal. “Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica están en fraude de ley y son nulas de pleno derecho, ya que fragmentando un gran proyecto en varios evitan que el Ministerio para la Transición Ecológica los supervise, por ser inferiores a 50 MW, e impiden una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola del territorio”, explica Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.
Además, la magistrada resalta que los proyectos omiten la protección de especies animales vulnerables —como el alzacola rojizo, que habita en la zona afectada— y que adolecen de anomalías en la tramitación de los expedientes fotovoltaicos, que vulneran los principios administrativos y perjudican a los agricultores. “No estamos hablando de errores técnicos, sino de irregularidades conocidas y advertidas con anterioridad, por lo que resulta imprescindible adoptar medidas cautelares para evitar daños ambientales y económicos irreparables”, señala Ana Rocío Ruiz, abogada de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.
En este contexto, aunque el Tribunal de Andújar ha derivado la decisión sobre estas irregularidades a la jurisdicción contencioso-administrativa, la parte denunciante ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Jaén al considerar que los hechos podrían constituir delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa.
Ruina para los ayuntamientos
“Autorizar los parques solares y su línea de alta tensión, aun siendo conocedores de que están bajo un fraude de ley, es consolidar un acto ilegal que puede suponer nuevas responsabilidades penales y patrimoniales para los cargos públicos y generar un impacto económico devastador para las arcas de los ayuntamientos implicados”, explica Natalia Corbalán, portavoz nacional de la plataforma ciudadana SOS Rural.
Así, en caso de aprobar las licencias, los consistorios podrían tenerse que enfrentar a indemnizaciones millonarias ya que, en caso de anularse, las promotoras exigirán a los pueblos la devolución de toda su inversión. Además, pueden incurrir en responsabilidad patrimonial “inversa”, ya que los agricultores afectados podrán reclamar indemnizaciones por el funcionamiento anormal de la administración local.
Por otro lado, el ayuntamiento podría ser obligado a asumir los costes de restauración, costeando la demolición de los parques solares, de sus líneas de evacuación y la reparación de los daños ambientales irreversibles.
LAT contaminada por extensión
Las irregularidades que afectan a los proyectos fotovoltaicos, además, contaminan de nulidad a la línea de alta tensión (LAT) Doña María–Guadame, un eje de evacuación que atraviesa las localidades de Montoro, Bujalance, Villa del Río, Marmolejo y Lopera, localidad esta última donde es especialmente lesiva porque invade parcelas de la Comunidad de Regantes.
Esta infraestructura, una ‘autopista eléctrica’ de titularidad privada que es imprescindible para el funcionamiento de los proyectos fotovoltaicos, nace así jurídicamente envenenada. “Si las plantas que alimentan esta línea están afectadas por vicios de nulidad por fraude de ley, la infraestructura, cuya única finalidad es evacuar su producción, queda igualmente comprometida”, argumenta Ruiz.
Además, la LAT Doña María–Guadame implica la instalación de postes de grandes dimensiones en terreros de cultivo y afecta a las tuberías de riego: “Esta infraestructura supone un golpe letal para la economía agraria local, ya que afecta a la zona de más alta productividad del municipio de Lopera, las de la comunidad de regantes”, lamenta Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, quien explica que “estas infraestructuras necesitan de maquinaria pesada de gran tonelaje que destroza las instalaciones de riego a su paso, a lo que hay que sumar la construcción de caminos y accesos, aumentando el daño”.
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