La plataforma ciudadana SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad han remitido 29 escritos a la alcaldesa de Lopera y a los diez concejales de este municipio, así como a los ediles de Arjona y Marmolejo, para advertirles de que las nueve plantas fotovoltaicas proyectadas en la zona son “nulas de pleno derecho” y que la concesión de licencias podría acarrear “graves consecuencias penales”. Según subrayan, las autorizaciones ambientales y sectoriales presentan vicios jurídicos insalvables que invalidarían los proyectos.
La alianza denuncia especialmente el fraccionamiento ilegal de un megaproyecto en varias instalaciones con potencias inferiores a 50 MW, maniobra que, según explican, tiene como objetivo eludir la competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y evitar una evaluación ambiental conjunta más exigente. “El fraccionamiento ilegal de un megaproyecto en varios, todos con una potencia instalada de menos de 50 MW, busca evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial”, señala Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.
Responsabilidad patrimonial y penal
En este sentido, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya se ha pronunciado contra este tipo de prácticas, en línea con resoluciones previas del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De seguir adelante, advierten, los ayuntamientos no solo se enfrentarían a posibles acciones por responsabilidad patrimonial cuando se anulen las autorizaciones, sino también a un presunto delito contra el medio ambiente.
Silencio administrativo y defensa del campo
Además de la advertencia jurídica, SOS Rural y Ecología y Libertad han solicitado a los tres consistorios acceso a los expedientes de las licencias, en aplicación de la normativa de transparencia. Lamentan, sin embargo, que no hayan recibido respuesta a solicitudes previas pese a que el plazo legal venció el pasado 25 de agosto. “El silencio administrativo agrava la sensación de opacidad en proyectos que afectan de forma decisiva al patrimonio natural y agrario de Jaén”, sostienen.
Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, insiste en que esta lucha es desigual, pero está respaldada por la ley: “Tenemos claro que en esta defensa de ese símbolo nacional que son los olivos tradicionales somos David frente a Goliat, pero también sabemos que la ley y la verdad están de nuestra parte”.
La alianza recuerda que cuenta con el apoyo de Campiña Norte contra las Megaplantas Solares y advierte de que seguirá empleando todas las vías legales y sociales para impedir lo que consideran un atentado contra el patrimonio agrícola andaluz.
