- Ambas organizaciones muestran su apoyo a la petición de la Consejería de Agricultura del Gobierno murciano —denegada por el MAPA— para autorizar el uso de formulados a base de spirotetramat al 10%.
- “No activar este mecanismo ante la actual crisis, tal y como está haciendo el Gobierno de España, plantea un problema de competitividad para los agricultores españoles, ya que países como Francia e Italia sí aplican estas autorizaciones excepcionales en situaciones comparables”, lamenta Natalia Corbalán, directora general de FI.
- FI y SOS Rural remiten una carta a Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura y Alimentación, y otra a Olivér Várhelyi, comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, reclamando una reunión que permita abordar la actual política fitosanitaria de la UE.
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Murcia, 25 de marzo de 2026. – La Fundación Ingenio (FI) y SOS Rural han presentado el informe España en desventaja: el impacto de no activar las medidas excepcionales en plaguicidas, en el que analizan las graves consecuencias de la inacción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) frente a la actual plaga de pulgones, que afecta a más de 6.000 hectáreas del Campo de Cartagena, a la Comunidad Valenciana y al Levante almeriense. “Esta plaga supone la gota que colma el vaso para la rentabilidad de muchos agricultores andaluces, murcianos y valencianos, que tienen que tirar sus productos ante la falta de soluciones eficaces para combatir las plagas y pierden competitividad frente a colegas italianos o franceses que sí han sido autorizados por sus gobiernos”, denuncia Natalia Corbalán, directora general de FI.
Ante esta situación, el informe explica la urgencia de que el MAPA rectifique y aplique ya el artículo 53 del Reglamento (CE) nº 1107/2009, que permite a los Estados miembros a autorizar de forma temporal —máximo por 120 días— la comercialización y uso de productos fitosanitarios no autorizados, o para usos no autorizados, ante situaciones de emergencia fitosanitaria que no pueden controlarse por otros medios razonables. “No activar este mecanismo ante la actual crisis, tal y como está haciendo el Gobierno de España, plantea un problema de competitividad para los agricultores españoles, ya que países como Francia e Italia sí aplican estas autorizaciones excepcionales en situaciones comparables”, lamenta Corbalán, quien ha mostrado su apoyo a la petición de la Consejería de Agricultura del Gobierno murciano —denegada por el MAPA— para autorizar el uso de formulados a base de spirotetramat al 10%.
De este modo, el MAPA ahonda en la difícil situación que deben afrontar los agricultores españoles a causa de la estrategia “De la granja a la mesa”, enmarcada en el Pacto Verde Europeo, que establece la reducción del 50% del uso de plaguicidas químicos, del 20% de fertilizantes y del 50% de antimicrobianos en ganadería para 2030. “La Unión Europea (UE) y el Gobierno de España están dejando al campo sin herramientas de control de plagas y enfermedades, que son una combinación de estrategias biotecnológicas, biológicas y químicas, y lo están haciendo sin ningún tipo de aval científico y sin tener en cuenta los posibles escenarios de repercusiones”, advierte la directora general de FI.
Ante esta realidad, FI y SOS Rural han enviado sendas cartas conjuntas a Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura y Alimentación, y a Olivér Várhelyi, comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, reclamando una reunión que permita abordar la actual política fitosanitaria de la UE.
Doble moral
Desde FI y SOS Rural resaltan la contradicción de la UE, que justifica la prohibición de las herramientas de control de plagas y enfermedades por el bienestar, la salud de los ciudadanos europeos y la mejora del medio ambiente, mientras firma acuerdos comerciales con terceros países como los del Mercosur, que sí permiten el uso de materias activas no autorizadas para los productores europeos siempre que respeten los límites máximos de residuos (LMR) aplicables en frontera. “El agricultor español afronta una doble presión, con restricciones internas más severas y una competencia exterior sometida a exigencias productivas mucho más laxas”, protesta Corbalán.
En este punto, FI y SOS Rural denuncian la falta de controles en las aduanas europeas de los productos europeos procedentes del Mercosur, mercado con el que la UE registró un déficit comercial superior a 20.100 millones de euros en productos agroalimentarios. “Los controles realizados en frontera sobre las importaciones procedentes del Mercosur presentan una intensidad muy limitada del 0,0082% del total, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de verificación y su capacidad para garantizar unas condiciones de competencia equilibradas”, especifica la directora general de FI.
Efectos colaterales
Así, los agricultores son víctimas de un impacto directo sobre la comercialización de sus productos, ya que la presencia de insectos implica el rechazo en los canales de distribución, incrementa sus pérdidas económicas y les aboca a intensificar la frecuencia de los tratamientos —con el consiguiente incremento de costes energéticos y operativos—. “A la UE se le ha olvidado contar que la sostenibilidad vacía e ideológica que hemos creado en Europa iba a tener efectos colaterales, como que te llegue una lechuga a casa con algún pulgón, que se aumente la resistencia de las enfermedades o el aumento del precio de la cesta de la compra”, reflexiona Corbalán.
De este modo, la crisis del pulgón en el sureste español no constituye un episodio coyuntural, sino que es el principio de un escenario donde los agricultores van a tener cada vez menos materias activas disponibles, menos eficaces y donde se incrementarán las resistencias por la falta de rotación en los modos de acción contra las plagas. “Hace falta garantizar la viabilidad del sistema productivo y la coherencia en la aplicación del marco regulatorio europeo”, resalta Corbalán.
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