- La alianza interpone tres recursos contencioso-administrativos, uno contra cada licencia municipal de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar, contra el proyecto fotovoltaico “Pinatar”, promovido por el Grupo Zaragoza.
- “La ejecución de esta macroplanta supone la destrucción irreversible de suelos agrícolas en régimen de regadío intensivo y de una biodiversidad insustituible, ya que esta área limita con dos espacios Red Natura 2000, como son las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona’ y ‘Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor’”, explica Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
- “Las inminentes resoluciones judiciales situarán en el centro del debate la necesidad de ordenar de forma integral la transición energética, impulsando una planificación territorial que evite la pérdida de suelo fértil”, argumenta Margarita Fernández, presidenta de E&L.
Murcia, 29 de junio de 2026. – La alianza formada por SOS Rural y por la Asociación Ecología y Libertad (E&L) ha interpuesto tres recursos contencioso-administrativos —uno contra cada licencia municipal de cada municipio afectado— contra el proyecto fotovoltaico “Pinatar”, promovido por el Grupo Zaragoza en los municipios de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar. Las acciones judiciales, que se enmarcan en la macrocausa pionera conjunta entre ambas asociaciones, pretenden impedir que los promotores de este proyecto de 93,17 MWp invadan 160 hectáreas de suelos agrícolas de alto valor productivo en el municipio de Murcia con 142.240 paneles solares y que afecten también a suelos en los términos de San Javier y San Pedro del Pinatar con sus infraestructuras de evacuación.
“La ejecución de esta macroplanta supone la destrucción irreversible de suelos agrícolas en régimen de regadío intensivo y de una biodiversidad insustituible, ya que esta área limita con dos espacios Red Natura 2000, como son las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona’ y ‘Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor’”, explica Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
Ante esta realidad, la Alianza entre SOS Rural y E&L ha recurrido ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo las licencias concedidas por los ayuntamientos de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar que habilitan al Grupo Zaragoza a realizar las obras, sin haber tenido en cuenta la legislación murciana, que exige una necesaria ordenación territorial para estos proyectos.
Planificación energética integral
Con esta actuación, la alianza responde al clamor social —un 91,8% de la población, según el reciente informe Efectos sociales, económicos y territoriales de las plantas solares fotovoltaicas en el medio rural en España, realizado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)— que reclama una regulación específica para proteger el suelo agrícola frente a la expansión fotovoltaica, y refuerza su compromiso con la exigencia de una planificación energética integral compatible con la ordenación del territorio, el medio ambiente y la actividad agraria. “Las inminentes resoluciones judiciales situarán en el centro del debate la necesidad de ordenar de forma integral la transición energética, impulsando una planificación territorial que evite la pérdida de suelo fértil, que favorezca la ubicación de parques solares en áreas degradadas, industriales o de menor valor agrícola y, en definitiva, que la haga compatible con la protección de los recursos agrarios y la biodiversidad”, argumenta Margarita Fernández, presidenta de E&L.
La implantación de plantas fotovoltaicas conlleva actuaciones de preparación de terrenos de elevada aptitud agronómica que incluyen la eliminación de la cubierta vegetal, la remoción, la compactación del suelo —un 15,5 % superior respecto a pastizales de control adyacentes— y la construcción de viales y accesos, favoreciendo procesos de degradación edáfica y erosión, según detalla la UPM. Esas afecciones en el suelo, combinadas con las sequías prolongadas, favorecen que en la Región de Murcia se produzcan procesos de endurecimiento superficial o “cementado”, reduciendo la permeabilidad del suelo e incrementando la escorrentía superficial.
“La defensa del medio rural, de sus terrenos agrícolas y de su biodiversidad es, en definitiva, una defensa del interés general”, concluye Fernández.
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