En mayo de 2026 se celebrará el primer juicio en el que la acusación particular será un ecosistema: el Mar Menor. La legislación española otorgó personalidad jurídica a esta laguna salada hace dos años, en un movimiento sin precedentes en Europa.
¿Qué significa que el Mar Menor tenga personalidad jurídica?
Significa que ya no es considerado como un objeto a proteger sino como un sujeto con derechos, de manera similar a una persona o a una empresa.
¿Derechos fundamentales como los de las personas?
No, los derechos del Mar Menor no están protegidos como derechos fundamentales, pero sí derivan de principios constitucionales, como el artículo 45, que declara el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.
¿Por qué se ha hecho algo así?
La iniciativa surgió por el deterioro medioambiental sufrido por la laguna en las últimas décadas. Un movimiento ciudadano promovió una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 640.000 firmas, lo que permitió que llegara al Congreso, se debatiera y aprobara en septiembre de 2022. La Ley 19/2022 Fue la primera norma de este tipo en Europa, pero tenía antecedentes en Ecuador, Nueva Zelanda, Uganda y Bangladés, Colombia y Estados Unidos, donde se han planteado iniciativas similares para defender recursos naturales.
¿Quién defenderá entonces los derechos del Mar Menor?
La Constitución obliga a los poderes públicos a proteger y restaurar los recursos naturales, pero la nueva ley permite ahora que los derechos del Mar Menor puedan ser defendidos en los tribunales por cualquier persona o institución, y no solo por el Estado o las comunidades autónomas. También crea tres organismos de ciudadanos, representantes públicos y científicos para tutelar la laguna.
¿Cualquier persona puede defender al Mar Menor en los tribunales?
Sí, cualquier persona física o jurídica puede interponer una demanda en nombre del Mar Menor ante cualquier agresión que considere que ha vulnerado alguno de sus derechos ambientales.
¿Qué tipo de agresiones y qué sanciones acarrearían?
Contaminación, vertidos ilegales, aguas residuales, construcciones o actuaciones administrativas que dañen su ecosistema, entre otras. La ley establece que la violación de los derechos del Mar Menor podría generar responsabilidad civil, penal, administrativa y ambiental. Es decir, que las personas, empresas o instituciones que dañen la laguna podrían enfrentarse a multas, inhabilitaciones e incluso penas de cárcel.
Y puesto que tiene personalidad jurídica, ¿puede una empresa demandar al Mar Menor?
No, porque no es un ente que pueda actuar por su cuenta ni tiene obligaciones legales, pero las empresas si podrían recurrir decisiones derivadas de su protección que les perjudiquen.
¿Cómo afecta esta ley a los sectores económicos de la zona?
Al tratarse de una ley más restrictiva, complica el desarrollo del turismo, la industria y la agricultura, que están haciendo esfuerzos para adaptarse al nuevo marco legal. No obstante, parece haber consenso en que las mejoras en el medioambiente repercuten en el bienestar general de la región.
