La tensión crece en la Campiña Norte de Jaén. La alianza formada por SOS Rural, la Asociación Ecología y Libertad y la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares ha advertido a la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, de que la llevará ante los tribunales si concede las licencias urbanísticas para las plantas fotovoltaicas que consideran “ilegales”. Las organizaciones denuncian que los proyectos implican la tala de olivos tradicionales y vulneran la normativa al fraccionar un megaproyecto en varios más pequeños, con el fin de eludir la competencia estatal y la evaluación ambiental ordinaria.
La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha lamentado las “constantes incongruencias” del Ayuntamiento de Lopera, al que acusa de intentar justificar la aprobación de las licencias pese a los compromisos previos de suspenderlas. Según Corbalán, el gabinete jurídico municipal había garantizado que no otorgaría permisos mientras estuviesen en curso las revisiones de oficio presentadas por SOS Rural y Ecología y Libertad, y que el plan especial de ordenación de instalaciones solares se aprobaría en septiembre, activando una moratoria de tres años conforme a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
Por su parte, Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, aseguró que ni Industria ni Medio Ambiente han resuelto los recursos interpuestos y que “no existe motivo legal para correr a conceder licencias, salvo la voluntad política de hacerlo”. Ambas entidades insisten en que las autorizaciones sectoriales y ambientales son nulas de pleno derecho, conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015, y recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya declaró en julio la nulidad de proyectos similares por vulnerar la legislación ambiental.
La alianza advierte a la alcaldesa y a su equipo de gobierno de las “consecuencias de gran magnitud” que podría acarrear la aprobación de las licencias, tanto en términos de responsabilidad patrimonial como de posibles delitos medioambientales. “Las licencias deben paralizarse mientras no se resuelvan los recursos y se apruebe el plan especial”, recalca Corbalán, quien considera que autorizar las obras supondría “un ataque directo a los pequeños agricultores, al territorio y al futuro del pueblo”. Si la Junta de Andalucía rechazase los recursos de revisión, la alianza anuncia que llevará el caso ante la justicia mediante la vía contencioso-administrativa. “El plan especial le permitiría a la alcaldesa cumplir su palabra y no conceder las licencias de obra, como se comprometió el pasado 22 de octubre ante SOS Rural, la Plataforma Campiña Norte y sus propios vecinos”, recordó Corbalán, quien insiste en que la defensa del suelo agrícola de Lopera “no es una opción, sino una obligación moral y legal”.
