La alianza formada por SOS Rural, Ecología y Libertad y la plataforma Campiña Norte ha alertado de que la alcaldesa de Lopera podría aprobar las licencias fotovoltaicas escudándose en la inadmisión de unos recursos por parte de la Junta de Andalucía.
El decreto firmado por la regidora Carmen Torres, que suspende provisionalmente las licencias de los proyectos del municipio, es en realidad una “presunta trampa” al vincular su concesión futura al pronunciamiento de la Junta de Andalucía.
Riesgo de aprobación de las licencias fotovoltaicas
Las organizaciones recuerdan que la posible inadmisión de los recursos de revisión por parte de la Junta no obliga ni da derecho al Ayuntamiento a aprobar los permisos. Subrayan que “la última palabra la tiene un juez de lo contencioso, no la Junta, que en nuestra opinión está del lado de la promotora”, según afirmó la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán.
También advierten de que las comunicaciones de Industria y Medio Ambiente “no son resoluciones judiciales” y no pueden justificar la autorización de las plantas, cuya legalidad será evaluada en los tribunales si se abre la vía contencioso-administrativa.
Nulidad de pleno derecho y delito ambiental
Las entidades recuerdan además que las autorizaciones sectoriales y ambientales de estos proyectos son, a su juicio, nulas de pleno derecho debido al fraccionamiento ilegal de un único megaproyecto para evitar la competencia estatal y la evaluación ambiental ordinaria.
La alianza advierte a la alcaldesa de que aprobar las licencias fotovoltaicas podría acarrear graves consecuencias legales, incluida responsabilidad patrimonial y un posible delito ambiental, especialmente después de que el TSJA confirmara en julio la nulidad de proyectos similares.
“Las licencias hay que paralizarlas: aprobarlas ahora sería un ataque directo a los pequeños agricultores, al territorio y al futuro del pueblo”, remarcó Corbalán.
