La alianza formada por SOS Rural y por la Asociación Ecología y Libertad (E&L) ha alertado a los agricultores del Campo de Cartagena del peligro que esconden para los propietarios de los terrenos los contratos con las empresas fotovoltaicas, en muchos casos “sociedades vehículo” creadas con capital mínimo para promover y explotar una planta solar concreta.
Durante el encuentro, al que asistieron decenas de agricultores, SOS Rural y E&L insistieron en que no están en contra de las energías renovables, pero sí del modelo de implantación desordenado que prima en el Campo de Cartagena —y en el resto de España—, que sitúa grandes instalaciones solares sobre terrenos de alta productividad.
Contratos complejos y riesgos para los propietarios
Uno de los aspectos centrales fue el análisis jurídico de los contratos que las empresas están ofreciendo. De este modo, E&L resaltaron varias cláusulas problemáticas, como la que vincula el terreno al uso exclusivo de fotovoltaicas durante décadas, mientras que el promotor puede resolver el contrato si el proyecto deja de ser viable. También se advirtió de la falta de garantías sobre quién debe asumir el gran coste del desmantelamiento de la planta al final de su vida útil.
Asimismo, E&L destacó que los contratos incluyen responsabilidades ambientales para el propietario y se le limita durante años la posibilidad de vender o hipotecar la finca sin autorización del arrendatario. En este sentido, los expertos alertaron del riesgo de una “burbuja fotovoltaica” y del perjuicio que supondría para los propietarios cuando explote.
Impactos en el territorio y en la actividad agraria
Durante la jornada se abordaron los impactos medioambientales y paisajísticos de estas instalaciones, con su correspondiente desorden territorial, la pérdida de suelo fértil, la alteración del drenaje natural del terreno o los conflictos con infraestructuras agrarias, como caminos rurales o redes de riego.
Además, el encuentro ha contado con los testimonios de varios vecinos de áreas próximas al Parque Regional de Calblanque, donde se han implantado plantas solares cerca de viviendas y de espacios de alto valor ambiental. La movilización vecinal y las gestiones realizadas con las administraciones han permitido paralizar las obras de forma provisional por los incumplimientos de las empresas promotoras, aunque el caso continúa en los tribunales.
Finalmente, desde SOS Rural y E&L han insistido en la importancia de buscar asesoramiento especializado antes de firmar estos contratos, al tiempo que han destacado que la coordinación entre agricultores, vecinos y asociaciones es clave para defender el territorio y garantizar un desarrollo energético compatible con la actividad agraria.
