- La alianza interpone un recurso contencioso-administrativo contra la Junta, ante el TSJA, por la inadmisión de sus recursos de revisión referentes a las plantas fotovoltaicas ilegales que afectan al municipio loperano.
- SOS Rural y E&L recurren también en sede judicial el decreto municipal emitido el pasado 2 de diciembre por la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, por el que se levantaba la suspensión de las licencias de las plantas.
- “La Justicia no puede permitir que se consume un fraude de ley que condena a la desaparición a miles de olivos productivos, irremplazables, causando un daño irreparable al patrimonio natural y económico”, defiende Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
Jaén, 19 de diciembre de 2025. La alianza formada por SOS Rural y por la Asociación Ecología y Libertad (E&L), junto a la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, ha anunciado este viernes una ofensiva judicial doble, contra la Junta de Andalucía y contra el Ayuntamiento de Lopera (Jaén), tras los últimos movimientos de ambas administraciones referentes a las plantas fotovoltaicas ilegales que afectan al municipio loperano. “La alianza no se va a quedar de brazos cruzados ante la tramitación de estos proyectos, en la que existen graves vulneraciones de la normativa ambiental y urbanística, que ha abierto el camino hacia la inminente e irreparable tala de los olivos tradicionales de Lopera”, afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
De este modo, la alianza abre la batalla legal con la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por la inadmisión de los recursos de revisión presentados por SOS Rural y por E&L ante las Delegaciones de Medio Ambiente e Industria de la Junta de Andalucía en Jaén.
“Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica son nulas de pleno derecho, ya que existe una fragmentación artificial de los proyectos para eludir la competencia estatal, evitando que el Ministerio de Transición Ecológica los supervise por ser inferior a los 50MW, y para evitar una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta, impidiendo un análisis global del impacto de estos parques sobre el ecosistema y la economía agrícola de Lopera”, argumenta Margarita Fernández, presidenta de E&L.
Frente legal municipal
Asimismo, SOS Rural y E&L han recurrido también en sede judicial, mediante la interposición del oportuno recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, el decreto municipal emitido el pasado 2 de diciembre por la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, por el que levanta la suspensión de las licencias de obra de las plantas fotovoltaicas. “Este levantamiento, prematuro y arriesgado, se produce sin que se hayan resuelto las dudas técnicas sobre la legalidad de los proyectos y abre el camino para que comience ya la tala de olivos”, afirma Fernández.
Así, la alianza, junto con la Plataforma Campiña Norte, ha recordado a la alcaldesa Torres que el procedimiento judicial que ahora se inicia ante el TSJ podría acabar con la anulación total de los proyectos, lo que traería consecuencias de gran magnitud para su Consistorio si concede las licencias de estas instalaciones siendo conocedor de los vicios de nulidad de pleno derecho de que adolecen las autorizaciones sectoriales otorgadas. Entre estas consecuencias y efectos se encuentran el más que probable ejercicio por parte de la empresa promotora de una acción por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento.
En este sentido, el TSJA —el mismo tribunal ante el que se ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la Junta— ya se pronunció, el pasado 15 de julio, sobre un caso idéntico en los municipios vecinos de Bujalance y Montoro, anulando la construcción de las plantas fotovoltaicas que se están desarrollando allí y confirmando la nulidad de este tipo de proyectos por vulnerar la legislación ambiental. “La Justicia no puede permitir que se consume un fraude de ley que condena a la desaparición a miles de olivos productivos, irremplazables, causando un daño irreparable al patrimonio natural y económico”, defiende Corbalán.
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