- “Invitamos a Greenalia a que desarrollen una labor de transparencia y a que publiquen el auto de forma íntegra, como hacemos nosotros, para que todos los ciudadanos puedan contrastar las irregularidades corroboradas por un Tribunal de Instancia”, reclama Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
- El auto del Tribunal de Instancia de Andújar confirma indicios de fragmentación artificial de proyectos —en fraude de ley—, la falta de evaluación ambiental, la incompetencia del órgano tramitador y el perjuicio a los agricultores.
- La alianza le recuerda a Greenalia que una inadmisión por incompetencia técnica del juzgado no supone, bajo ningún concepto, una declaración de legalidad de los proyectos ni borra las irregularidades contenidas en el auto.
- Lee aquí el auto completo.
Jaén, 11 de marzo de 2026. – La alianza formada por SOS Rural y Ecología y Libertad (E&L), junto a la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, ha exigido a la empresa Greenalia, promotora del megaproyecto fotovoltaico que supone la tala de miles de olivos en Lopera (Jaén), que no confunda a la opinión pública con su interpretación —a través de una nota de prensa— del auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal de Instancia nº 2 de Andújar (Jaén), publicado el pasado 26 de enero de 2026.
En este escrito, una jueza confirma que los proyectos fotovoltaicos promovidos por Greenalia en Lopera, Marmolejo y Arjona adolecen de anomalías idénticas a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a declarar, en julio de 2025, la anulación de una planta similar en Bujalance y Montoro (Córdoba) por fraude de ley. “El auto confirma indicios de fragmentación artificial de los proyectos para esquivar la competencia estatal, por ser inferiores a 50 MW, y así impedir someterse a una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola de Lopera”, explica Margarita Fernández, presidenta de E&L.
En su comunicado, Greenalia acusa a SOS Rural y a E&L de tergiversar “un auto de inadmisión por incompetencia para hacer creer que la justicia ha confirmado irregularidades en los proyectos fotovoltaicos”. En este punto, la alianza le recuerda a la multinacional energética gallega, presidida por Manuel García Pardo, que una inadmisión por incompetencia técnica del juzgado no supone, bajo ningún concepto, una declaración de legalidad de los proyectos ni borra las irregularidades de Greenalia contenidas en el auto, como son los indicios de fragmentación de proyectos, la falta de evaluación ambiental, la incompetencia del órgano tramitador y el perjuicio a los agricultores.
De hecho, la Plataforma Campiña Norte, convencida de que las irregularidades contenidas en el auto podrían constituir delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Jaén. No obstante, mientras se resuelve esta vía penal, las irregularidades administrativas —constitutivas de un claro fraude de ley— continúan juzgándose por la vía contencioso-administrativa.
“Invitamos a Greenalia a que desarrollen una labor de transparencia y a que publiquen el auto de forma íntegra, como hacemos nosotros, para que todos los ciudadanos puedan contrastar las irregularidades corroboradas por un Tribunal de Instancia”, reclama Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
Presión a las administraciones
Asimismo, Greenalia acusa a la alianza de presentar “de forma incompleta y deliberadamente errónea la situación procesal real de los proyectos, con el evidente propósito de presionar a las administraciones locales para que incumplan sus obligaciones legales”. En este punto, Corbalán aclara que SOS Rural y E&L se están limitando a exigir que las administraciones locales garanticen la legalidad urbanística y ambiental y puntualiza que “la alianza no permitirá que se utilicen advertencias sobre supuestos ‘incumplimientos de obligaciones’ para amedrentar a los responsables públicos y forzar licencias de proyectos cuya tramitación está judicializada”.
Por otro lado, Greenalia se escuda en manifestaciones parlamentarias de la Junta de Andalucía, en defensa de sus propios controles medioambientales, para argumentar que sus proyectos son válidos. En este sentido, SOS Rural y E&L recuerdan a la promotora del macroproyecto que prevé talar miles de olivos en Lopera que existe un conflicto de intereses por parte del Gobierno regional, que actúa como parte demandada y denunciada en los tribunales por haber autorizado estas plantas fotovoltaicas. “Como Greenalia puede entender, la defensa de la Junta en sede parlamentaria no es un aval objetivo, sino una estrategia política ligada a su propia posición procesal, y la legalidad de un proyecto no se decide mediante declaraciones políticas, sino bajo el estricto control de los tribunales de justicia”, recuerda la presidenta de E&L.
Así, la alianza le recalca a Greenalia que el hecho de que una administración defienda sus propios actos ante el Parlamento no los convierte en legales, y que será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que determine si la Junta actuó conforme a Derecho o si, por el contrario, permitió la fragmentación de un macroproyecto con grave impacto sobre el olivar tradicional.
Dictamen de la justicia
“La legalidad de un proyecto no se decide mediante declaraciones políticas, sino bajo el estricto control de los tribunales de justicia y, por muchas campañas de comunicación que la empresa utilice para minimizar la realidad, y por muy agresivas que estas sean, la realidad es que el modelo de macroplanta de Greenalia, más allá de la terminología jurídica, supone la destrucción de olivar productivo, un impacto paisajístico irreversible y amenaza directamente el modo de vida de cientos de familias en Lopera”, destaca Corbalán.
En este punto, la portavoz nacional de SOS Rural invita a la multinacional energética gallega a que abandone la confrontación mediática y que espere el dictamen de la justicia contencioso-administrativa, que es la vía donde, tal como apunta el propio auto judicial, se dirime la validez de unas autorizaciones que presentan claros indicios de fraude de ley: “Una cosa debe quedarle muy clara a Greenalia, y es que SOS Rural y E&L no van a cejar en su empeño de defender el patrimonio de Lopera, Arjona, Marmolejo y el de todos los españoles ante los tribunales”, aclara Corbalán.
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