- “Pedimos al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que dejen de escudarse en el sistema competencial para pasarse la responsabilidad los unos a los otros, que se sienten en la misma mesa y que aprueben un acuerdo extraordinario con presupuesto, medidas concretas y responsables identificados”, reclama Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
- SOS Rural lanza también un plan de acción —a modo de decálogo—, dirigido a las administraciones públicas y a los ciudadanos, con los aspectos clave para acabar con la lacra de los grandes incendios forestales.
Madrid, 30 de julio de 2026. La plataforma SOS Rural ha entregado este jueves más de 70.000 firmas de ciudadanos de toda España, tanto en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)— como en la de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que exigen a la Administración central y a los 17 gobiernos autonómicos que aprueben, con carácter urgente, un Plan Rural de Choque contra los Grandes Incendios Forestales, ante el fracaso de la actual estrategia de prevención. Entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2026, la superficie forestal afectada por las llamas asciende ya a 173.651,46 hectáreas —según el MITECO—. De hecho, sólo hasta el 9 de julio de este año, las llamas habían arrasado ya casi 60.000 hectáreas, casi el triple que las 20.466,25 hectáreas afectadas en el mismo periodo de 2025, un año que ya batió récords desde que existen registros del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales EFFIS —en 2006—.
Asimismo, SOS Rural ha solicitado sendas reuniones de carácter urgente con representantes del MITECO —aún por confirmar— y de la Comunidad de Madrid —ya confirmada— para acelerar esta iniciativa —imprescindible para reforzar la coordinación institucional y priorizar las actuaciones preventivas sobre el territorio— y para poner sobre la mesa un plan de acción —a modo de decálogo— para acabar con la lacra de los grandes incendios forestales. “Pedimos al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que dejen de escudarse en el sistema competencial para pasarse la responsabilidad los unos a los otros, que se sienten en la misma mesa y que aprueben un acuerdo extraordinario con presupuesto, medidas concretas y responsables identificados”, reclama Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. En este sentido, la Constitución Española (CE) reserva a las comunidades autónomas las principales competencias en prevención y extinción de incendios y a la Administración General del Estado (AGE) las responsabilidades de coordinación, financiación y apoyo.
Prevención frente a extinción
Así, SOS Rural exige cambiar la actual cultura de la extinción por la de la prevención, lo que pasa por facilitar las condiciones del sector primario —principal modo de vida del mundo rural— para revertir el creciente abandono del campo, que ha llevado a que el 85% de la población se concentre en áreas urbanas, que mantiene 2,32 millones de hectáreas sin aprovechamiento en el último lustro y que ha dejado a su suerte 581.488 hectáreas en menos de una década —según el Instituto Nacional de Estadística (INE)—.
De hecho, la legislación estatal ya obliga a las comunidades autónomas a elaborar planes anuales integrales y prevé, mediante convenios, acuerdos, ayudas o subvenciones, trabajos de selvicultura preventiva, mantenimiento de infraestructuras, quemas prescritas y acondicionamiento de zonas de pastoreo. Pero los datos evidencian que no se está trabajando con eficacia, ya que los incendios forestales han arrasado más de 1,35 millones de hectáreas en España entre 2016 y el 12 de julio de 2026, dejando su huella en 2.086 municipios repartidos por 56 provincias e islas —según (EFFIS)—, convirtiendo a España en un gran cenicero.
“La principal solución pasa por revertir el abandono del mundo rural, ya que cada vez que nuestros agricultores y ganaderos tiran la toalla por la falta de rentabilidad y de relevo en sus tierras, se activa un círculo vicioso que empieza con la falta de gestión y de vigilancia del territorio, que continúa con el aumento de combustible para las llamas en periodo estival en forma de masa vegetal espontánea y que acaba con más fuego y abandono”, recalca la portavoz nacional de SOS Rural.
Asimismo, SOS Rural reclama que este gran Plan de Choque urgente permita conocer las medidas de prevención adoptadas, dónde y con qué presupuesto; preparar desde ahora la próxima campaña; crear estrategias que impliquen, movilicen y remuneren a agricultores, ganaderos, selvicultores y ayuntamientos como principales garantes del territorio; que se revisen caminos, vías de evacuación y puntos de agua y, en definitiva, que se garantice la conservación y la protección de los territorios.
Diez claves contra los incendios
En este marco, el plan de acción de SOS Rural —a modo de decálogo—, dirigido a las administraciones públicas y a los ciudadanos, exige que el mundo rural recupere su papel como actor protagonista en la gestión de los montes. Este decálogo es el siguiente:
1. Blindar la inversión en prevención. La prevención debe dejar de ser la “hermana pobre” de las políticas contra incendios. Extinguir un incendio puede costar hasta diez veces más que prevenirlo. Invertir antes ahorra vidas, recursos y dinero público.
2. Incentivar el pastoreo, la ganadería extensiva y los paisajes agrarios en mosaico. El ganado mantiene limpio el sotobosque. El pastoreo es una herramienta moderna de prevención, favorece la biodiversidad, genera empleo y convierte al ganado en el mejor cortafuegos natural.
3. Implicar a la población rural en la gobernanza forestal. Dar competencias, recursos y responsabilidad a ayuntamientos y comunidades rurales permite detectar focos tempranos, identificar prácticas de riesgo y diseñar soluciones ajustadas a cada realidad local.
4. Prohibir la recalificación de suelos incendiados. Es imprescindible reforzar la Ley de Montes, cerrando las excepciones que permiten a las comunidades autónomas cambios de uso forestal por “interés público de primer orden”. Quemar nunca debe ser rentable.
5. Mantener y reforzar infraestructuras rurales. El abandono de caminos, pistas forestales y cortafuegos dificulta el acceso de los equipos de emergencia y agrava los incendios. Estas infraestructuras deben mantenerse de forma continua, con financiación estable.
6. Fomentar el aprovechamiento sostenible del monte y su reconocimiento climático. La diversificación de usos —madera, resina, micología, biomasa, pastoreo— genera riqueza local y reduce el combustible acumulado.
7. Prevención social y responsabilidad ciudadana. La mayoría de los incendios en España tienen origen humano. Es imprescindible actuar sobre la conducta social y endurecer el Código Penal contra los pirómanos, especialmente cuando se pongan en riesgo vidas humanas.
8. Reconocer legalmente a agricultores y ganaderos como agentes de prevención. Agricultores y ganaderos mantienen vivo el territorio y crean un paisaje menos vulnerable al fuego. Deben ser reconocidos por ley, con incentivos económicos, fiscales y respaldo jurídico.
9. Establecer un sistema nacional de prevención continua. La prevención no puede limitarse al verano. Es necesario un sistema permanente, con planificación plurianual, coordinación real entre comunidades y financiación suficiente. Deben garantizarse embalses y láminas de agua.
10. Promover modelos replicables como el de Soria. Esta provincia, con la mayor masa boscosa de España, resiste al fuego gracias a una gestión forestal activa, la diversificación de aprovechamientos, la colaboración público-privada y la implicación social.
“El decálogo de SOS Rural es una hoja de ruta para un nuevo modelo de país, una guía para que el mundo rural recupere su papel central en la gestión forestal, para lo que reclamamos a los poderes públicos, parlamentos autonómicos, administraciones locales, entidades sociales y ciudadanos, que asuman este compromiso y transformen estas propuestas en una normativa clara, ambiciosa y vinculante”, destaca Corbalán: “Sin prevención no hay futuro y, sin mundo rural, no hay prevención”, sentencia la portavoz de SOS Rural.
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