Se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los productores españoles y europeos. Prácticas como la venta a pérdidas (dumping), el incumplimiento de normativas laborales y medioambientales, o la entrada de productos importados con estándares más bajos distorsionan el mercado, perjudican a los agricultores y ganaderos locales y, según los expertos, ponen en riesgo la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del medio rural.
¿Qué se entiende por competencia desleal en el sector agrario y ganadero?
Cualquier práctica comercial que distorsione la libre competencia y cause perjuicio a otros operadores del mercado de la agricultura y la ganadería. Puede manifestarse en la producción, la comercialización o la distribución de productos. Entre las formas más comunes de competencia desleal se encuentran la venta a pérdidas (dumping), la importación de productos con estándares de calidad y seguridad inferiores, el etiquetado engañoso, la usurpación de denominaciones de origen, la publicidad ilícita y el incumplimiento de normativas laborales o medioambientales.
¿Cómo influyen las importaciones de terceros países en la competencia desleal?
Tienen una influencia notable. Algunos productos de países no comunitarios llegan a España con precios mucho más bajos porque sus productores no están sujetos a las mismas exigencias laborales, fitosanitarias, de bienestar animal o medioambientales que los nuestros, lo que genera una gran asimetría en los costes de producción.
¿Qué papel juegan las grandes cadenas de distribución?
En ocasiones, su poder de negociación les permite imponer precios por debajo de costes a los productores, o presionar para la entrada de productos importados a precios muy bajos, incluso si estos no cumplen con los mismos estándares que los nacionales.
¿Cómo afecta la competencia desleal al precio que percibe el agricultor o ganadero?
Al tener que competir con productos más baratos por prácticas desleales, el precio en origen se comprime hasta límites que no son sostenibles para el pequeño productor, lo que merma gravemente su rentabilidad. En este punto es también reseñable la venta a pérdidas, que se da cuando un producto se vende por debajo de su coste de producción o de adquisición para eliminar la competencia o de captar más cuota de mercado, y que puede ser sancionada si se prueba su carácter desleal. Al final, estas prácticas fuerzan el abandono de explotaciones agrícolas y ganaderas y un éxodo rural que pone en riesgo la fijación de población y el mantenimiento del paisaje y la biodiversidad.
¿Cómo impacta en la calidad y seguridad alimentaria del consumidor?
Si los productos importados no cumplen con los mismos controles fitosanitarios, de uso de plaguicidas o de medicación veterinaria, la seguridad alimentaria del consumidor final puede verse comprometida. Además, la presión sobre los precios puede llevar a una menor inversión en calidad por parte de los productores locales.
¿Existe un marco legal para combatir la competencia desleal en España y la Unión Europea?
Sí, a nivel nacional, la Ley de Competencia Desleal y la Ley de la Cadena Alimentaria son herramientas clave. A nivel europeo, existen regulaciones sobre prácticas comerciales desleales y controles a la importación, aunque a menudo su aplicación y efectividad son motivo de debate y crítica por parte del sector. Por su parte, la Política Agraria Común, si bien es importante, no está diseñada exclusivamente para combatir la competencia desleal. Sus mecanismos de apoyo directo no siempre compensan las distorsiones de mercado causadas por estas prácticas, lo que subraya la necesidad de medidas complementarias.
¿Por qué los productores no denuncian más la competencia desleal?
Porque cuando los productores se animan a denunciar, deben afrontar la falta de recursos económicos y legales, el miedo a represalias por parte de grandes distribuidores o importadores, la complejidad de recabar pruebas sólidas y la lentitud de los procesos judiciales.
¿Qué medidas se exigen a las autoridades para combatir la competencia desleal?
El refuerzo de los controles en frontera, la equiparación de las exigencias para productos importados, la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria, el impulso de inspecciones y sanciones más severas, y el apoyo a la promoción del producto nacional. Entre las medidas más innovadoras destacan el uso de tecnologías como blockchain, para una mejor trazabilidad, o de sellos específicos que identifiquen los productos nacionales sostenibles.
¿Qué puede hacer el consumidor para paliar este problema?
Elegir productos de origen nacional y de temporada, informándose sobre la procedencia de lo que compra, y valorando el esfuerzo y la calidad de los agricultores y ganaderos locales. La demanda consciente es una herramienta poderosa.
¿Por qué es importante frenar la competencia desleal?
Porque sin un marco de competencia justo, la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas está en juego, y con ella, la soberanía alimentaria de España, la pervivencia del modo de vida rural y un patrimonio cultural y ambiental insustituible.
