El despliegue de energía solar en España cuenta con un amplio respaldo como herramienta para avanzar en la descarbonización, pero su ubicación sobre terrenos agrícolas está generando un debate creciente en el medio rural.
El estudio “Efectos sociales, económicos y territoriales de las plantas solares fotovoltaicas en el medio rural en España”, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), refleja esa preocupación: casi el 92% de las personas consultadas reclama una regulación específica para proteger los suelos agrícolas ante la expansión fotovoltaica.
La muestra reúne a cerca de un millar de participantes procedentes de las 17 comunidades autónomas, entre agricultores y ganaderos, técnicos agropecuarios, personal de administraciones públicas y residentes de municipios con instalaciones renovables existentes o proyectadas.
El dato central no cuestiona, por tanto, la necesidad de desarrollar energías renovables. El propio trabajo de la UPM considera indispensable la expansión de la energía solar fotovoltaica a gran escala para avanzar en la descarbonización. El problema identificado se encuentra en cómo se está produciendo su implantación territorial y qué suelos se ocupan para ello.
¿Qué dicen los datos sobre las plantas solares?
El 87,4% de los encuestados considera que la planificación existente no protege de forma adecuada los terrenos de alto valor productivo. Al mismo tiempo, casi ocho de cada diez participantes defienden que las instalaciones solares deberían priorizar suelos degradados o con menor valor agrícola.
Otro 82,2% se muestra favorable a limitar la implantación de plantas solares en suelo agrícola productivo.
La UPM plantea reforzar la planificación territorial para hacer compatible la transición energética con la protección del suelo y la cohesión social. Entre las líneas recogidas en el estudio se encuentran priorizar terrenos previamente transformados o degradados, limitar proyectos sobre tierras agrícolas de alta productividad e incorporar criterios ambientales, sociales y de equidad territorial a los procesos de autorización.
Los resultados dibujan así un debate que va más allá del número de instalaciones renovables: la cuestión es qué criterios deben determinar dónde se ubican.
¿Por qué preocupa la ocupación de suelo agrícola?
El suelo agrícola fértil es un recurso limitado y constituye la base física sobre la que se desarrolla la producción de alimentos. La sustitución de determinados terrenos productivos por otros usos plantea por ello un conflicto territorial que el estudio vincula tanto con la seguridad alimentaria como con la capacidad de adaptación del territorio.
Según la encuesta, el 87,6% de los participantes asocia una expansión fotovoltaica desordenada con la pérdida irreversible de suelo agrícola fértil de alto valor productivo. Se trata de la percepción expresada por los participantes en el estudio y no debe confundirse con una medición directa de superficie agrícola perdida.
Más de ocho de cada diez encuestados consideran, además, que una vez implantada una instalación solar sobre suelo fértil resulta muy difícil recuperar después su uso agrícola original.
La investigación recoge otras preocupaciones entre los participantes: un 82,7% percibe riesgos de erosión o degradación del suelo, un 79,7% considera que la maquinaria utilizada puede provocar una compactación significativa y un 79,2% relaciona estas instalaciones con alteraciones del microclima de las fincas próximas.
La UPM añade que la literatura científica ha documentado alteraciones locales vinculadas a este tipo de desarrollos y señala que determinadas investigaciones plantean interrogantes sobre el comportamiento a largo plazo en el suelo de algunos elementos asociados a los materiales fotovoltaicos.
¿Se consulta antes de aprobar proyectos fotovoltaicos?
La participación de quienes viven y trabajan en los territorios aparece como otro de los principales puntos de preocupación.
Según el estudio, el 92,6% de los encuestados considera que no se producen consultas previas a los agricultores en relación con la aprobación de los proyectos fotovoltaicos.
La UPM interpreta esta percepción como un elemento relevante desde el punto de vista de la gobernanza territorial. Una participación considerada insuficiente puede generar entre los habitantes de las zonas afectadas una sensación de imposición externa y favorecer una mayor conflictividad social en torno a los proyectos.
Para Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, la combinación de esa falta de participación percibida con la ausencia de planificación está favoreciendo el abandono del suelo agrícola. Casi ocho de cada diez participantes en la encuesta relacionan la carencia de planificación fotovoltaica con el abandono de tierras agrarias.
El debate es dónde instalar las renovables
Los resultados de la UPM coinciden en varios puntos con el posicionamiento que desde SOS Rural tenemos sobre la transición energética.
SOS Rural no se opone al desarrollo de las energías renovables. Nuestra organización defiende una transición energética compatible con la conservación de suelo agrícola productivo y reclama una planificación territorial que priorice, cuando resulte viable, suelos degradados o industriales, espacios ya antropizados, cubiertas e infraestructuras existentes.
Consideramos el suelo agrario un recurso estratégico y limitado y plantea que las decisiones que puedan transformar de manera prolongada un territorio deben incorporar la participación de agricultores, vecinos y administraciones locales.
Este planteamiento sitúa el foco en la localización y el modelo de implantación de los proyectos: generar más energía renovable y conservar la capacidad productiva agraria no deberían abordarse como objetivos incompatibles.
De esta forma, en SOS Rural defendemos que el avance hacia una mayor soberanía energética no debe implicar una pérdida de soberanía alimentaria, sobre todo cuando pueden existir alternativas territoriales para determinadas instalaciones.
Preocupación en los territorios agrícolas
El conflicto entre grandes instalaciones energéticas y conservación del uso agrícola no se limita a una única comarca.
En SOS Rural hemos incorporado durante los últimos años la protección del suelo productivo como una de sus líneas de actuación territorial. Entre los casos documentados por la organización figura la Campiña Norte de Jaén, donde agricultores y vecinos se han movilizado ante proyectos fotovoltaicos sobre terrenos ocupados de forma mayoritaria por olivar tradicional.
Esta evolución ha trasladado de forma progresiva el debate desde casos locales hacia una cuestión de mayor alcance: qué criterios de ordenación debe establecer España para compatibilizar el crecimiento renovable con la agricultura y la conservación del territorio rural.
El estudio de la UPM aporta ahora datos sobre la percepción existente dentro del propio medio rural y muestra que la demanda de mayor planificación no se limita a una oposición genérica a las instalaciones solares.
¿Qué alternativas hay para instalar fotovoltaicas?
Tanto las conclusiones recogidas en la documentación de la UPM como el posicionamiento de SOS Rural apuntan hacia una planificación más selectiva de las ubicaciones.
Entre las alternativas aparecen los suelos degradados, terrenos previamente transformados, zonas industriales, cubiertas urbanas e industriales, espacios antropizados e infraestructuras existentes, siempre que las características técnicas y territoriales permitan su utilización.
Esto no implica que toda instalación sobre terreno agrícola tenga de forma obligatoria el mismo impacto ni que todos los proyectos sean equivalentes. La propuesta consiste en incorporar antes el valor agronómico del suelo, sus usos, los efectos acumulativos y la participación de la población local a las decisiones sobre implantación energética.
La transición energética abre así un reto de planificación que afecta de forma directa al futuro del territorio rural: producir energía limpia sin reducir de forma innecesaria los recursos que permiten producir alimentos.
